Juez y Monsanto
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| El poder de la empresa excede a Córdoba y a Malvinas Argentinas |
Monsanto es
sólo una parte de una decisión política a nivel nacional y provincial de
incrementar la producción agrícola y de biocombustibles en la Argentina. Sin
embargo, como se vio en Malvinas Argentinas y en Río Cuarto, buena parte de la
población rechaza la instalación de este tipo de multinacionales en Córdoba y
en el país en defensa de la salud, el ambiente y la soberanía alimentaria.
¿Considera que es posible armonizar las
políticas agroproductivas con estas demandas de la sociedad? ¿Cómo?
Cualquier intervención fuertemente invasiva
(respecto del punto de vista ambiental/social/económico) por las
características del proceso productivo que se trate, exige la imprescindible presencia del Estado
arbitrando entre los intereses en pugna. No existe otra posibilidad de que sea
el Estado quien se pare del lado de los intereses del bien común cuya defensa
encarna, esto es –tomando palabras del Padre Velasco-: poner primero la vida de
las personas y amplificar las razones de los que, por lo general, son los últimos
en ser consultados en las cuestiones que les conciernen.
Si en los
bordes demasiado próximos de un pueblo cordobés sobre la ruta provincial 188 se
pondrán en pie 216 silos con 137 toneladas de maíz –cada uno- tratado
químicamente, es de suponer que la comunidad debiera ser advertida, informada y
consultada acerca de las consecuencias a mediano y largo plazo en vez de ser
tentada con las bondades inmediatas.
No hay nada
que inventar, sólo debemos aplicar la Ley: La Ley Nacional de Ambiente (25.675)
establece en su artículo 19 que “toda persona tiene derecho a ser consultada y
a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la protección
y preservación del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de
alcance general”. Y en el artículo 20 expresa que “las autoridades deberán
institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como
instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan
generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”.
Debiera ser
innecesario recordar que los estudios de impacto ambiental refieren a
investigaciones previas a cualquier autorización pero el caso Malvinas pone en
evidencia que la lógica de los mercados y la producción económica no se detiene
en la contemplación de esas variables.
¿Considera que la concreción del Plan
Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial 2010-2020 requiere sí o sí de
mayor inversión en el país de multinacionales como Monsanto, Syngenta, Dow,
Dupont Pionner, entre otras?
La
elaboración de un Plan Estratégico ambicioso y serio no coloca condicionantes
acerca, por ejemplo, del origen de los capitales de los inversores. Las
tecnologías de punta que exigen las modernas modalidades de la producción
llegan a los mercados a través de desarrollos locales, de emprendimientos
mixtos o de radicaciones extranjeras. Un Plan por sus implicancias de
previsibilidad es atractivo para muchos inversores y debe propiciarse la
participación de todos.
No obstante,
un plan que nos coloca como estrella de los comodities agrarios debiera
anticiparse con más decisiones estratégicas que la de fijar el aumento de 9
millones de hectáreas de granos o incrementar la superficie sembrada de maíz
para pasar de 3,7 millones, en 2010, a 5,7 millones de hectáreas para 2020. Los
pomposos títulos “Agroalimentario y agroindustrial” debieran responder por el
futuro de políticas energéticas, el porvenir de la incorporación de valor
agregado, los flujos migratorios a partir de nuevos centros productivos, las
próximas matrices urbanas, etc.
Al respecto
cabe hacerse algunas preguntas: ¿Un
productor ganaría más exportando pollos, porcinos o balanceados en vez de
granos de soja? Si es así, ¿por qué no multiplicar el valor agregado a los
primarios en vez de desarrollar el desierto verde?
Si el boom
del maíz obedece al furor de los biocombustibles entre otras razones, ¿Por qué
nuestro destino agrario debe atarse al de países cuya vida está condenada a la
suerte del petróleo? ¿Quién afirma que el etanol y combustibles extraídos de la
masa vegetal son la mejor alternativa ante la escases de combustibles no
renovables? ¿qué debe hacerse frente al desmonte desenfrenado en pos de campos
de siembra sin medir agotamientos de suelos, etc.? UN PLAN ESTRATEGICO debe
responder a estas preguntas antes de arrojarnos a polémicas prejuiciosas.
¿Es posible evitar futuros conflictos como
el de Malvinas Argentinas? ¿Cómo? ¿Qué puede o debe hacer el Congreso Nacional
al respecto?
Más que posible, es una obligación evitar estos conflictos
con herramientas que ya existen. Las leyes existen. Las investigaciones sobre
casos similares abundan. Las conclusiones acerca de los efectos perjudiciales
–a largo plazo- de procesos de manipulación de agroquímicos, pueden encontrarse
en cientos de páginas calificadas. La renovación de paradigmas productivos
precipita de manera riesgosa el advenimiento de prácticas tóxicas para la vida
humana y todo control sobre estos procedimientos resulta escaso. La legislación
debe llenar ese vacío articulando los beneficios de nuevas producciones,
abundantes y eficientes con el sentido imprescindible de sustentabilidad que no
es más que desarrollo sin costos ni peligros para la salud integral de las
comunidades.