Con una
repetición mediática que alimenta el miedo y el temor de los ciudadanos que
padecen la inseguridad como un flagelo cierto, se ha desatado en la sociedad
argentina un desesperado comportamiento que lleva a vecinos hartos de ser
“golpeados” sin recibir respuesta alguna, a intentar hacer Justicia por mano
propia.
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| Advertencias de este tipo pasaron a ser realidad. |
Esta
preocupante realidad que ha popularizado al “linchamiento” como la herramienta
que el Estado no procura, es obra entre otras causas de la irresponsable
actitud de algunos políticos cegadas por la avaricia electoral que especulan
demagógicamente con el temor afirmando que la reforma del Código Penal habrá de “liberar” a montones de
delincuentes, en tanto otros sin ponerse
colorados manifiestan haber recuperado la tranquilidad porque su hija “se ha
ido a otro país” o se suman a la ola de terror apuntando que “si salís a la
calle te matan”. Multiplicadas por los medios, estas aseveraciones provocan
psicosis.
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| Romano evitó el linchamiento. El presunto ladrón quedó libre en horas. |
A este caos
también aportan Jueces ciegos o malintencionados, fiscales perezosos con
decisiones vacilaciones y decisiones fallidas, aumentando con sus enredos el
escándalo mediático. Lo de Gerardo Romano, comportamiento de un valor cívico sorprendente, es una demostración
innegable: arriesgó su vida, atrapó al presunto delincuente, lo entregó a la
policía, asistió a las víctimas, puso la cara dando explicaciones y en menos de
veinticuatro horas el sospechoso estaba en libertad. En el medio de la furia
social que desatan los arrebatos, salideras, robos y el delito en su conjunto,
esto -la impunidad- es echar nafta sobre el fuego.
Y no se
necesitan incendiarios ni bomberos, sino actitudes prudentes que nos devuelvan
el orden y entonces sea posible discutir el Código Penal que necesitamos,
intacto en su cuerpo desde 1923 y tantas veces corregido con agregados y fallos
que han sentado jurisprudencia que resulta inútil por anacrónico. El
linchamiento, esto es la ejecución sin proceso legal por parte de una multitud,
a un sospechoso o a un reo, no es la salida. Al comportamiento del ladrón lo
estamos atacando atropellando la Ley. Y
este error social, no puede ser admitido, alentado y mucho menos utilizado para
sacar ventajas en las urnas.
Por supuesto
que en este humor social crece el odio hacia los jóvenes que arriba de una moto
que circulan sin patente. En este caldo se hace fuerte la rabia a “los
portadores de rostros”, a los extraños que merodean, a los pordioseros que deambulan
las ciudades. A esos de “otros países”.
Todo se mezcló hasta cortar las redes de la malla social que solo la
tolerancia y la justicia social, deteriorando la razón de ser de un Estado que
sólo con paciencia y mucha sabiduría podremos restaurar en su rol de asegurar
el bienestar ciudadano.
Este
Gobierno que manifiesta bregar por la
inclusión social y lo manipula como un logro en ciernes lleva diez años, con
resultados a la vista, que generan desaliento. Los motochorros que han sido
pateados sin piedad tienen entre 18 y 25 años. El pibe que murió en Rosario como
consecuencia de la paliza recibida tenía ocho años cuando el “modelo” que se
resquebraja puso sus pies en el Estado. Para él, nada cambio. Nació marginado,
vivió marginalmente y así murió. A estos
se los persigue y la persecución, o los justificativos, no alcanza. Tampoco
alcanza para echarles mano desde la Justicia a los ladrones de guante blanco o
a los funcionarios deshonestos. Tal vez a los que inventaron CBI Cordubensis,
la mesa de dinero que con notorios hombres públicos al frente movía y lavaba millones
de pesos, nunca los persiguieron, no han ido a parar a la cárcel y nadie los
molió a patadas porque no andaban en moto.
Es deber de los gobiernos brindar seguridad. Cuidar a su
gente con las mejores herramientas y los hombres más capaces. Es deber de los
gobiernos espantar la inflación, la falta de trabajo y la desigualdad,
otorgando presupuestos adecuados a la educación, recuperando la Justicia.
Finalmente quiero dejar en claro que no tengo duda alguna que es impostergable
reformar el Código Penal desde un elevado grado de consenso para que la
igualdad ante la Ley resulte un hecho cierto.