Kirchnerismo bobo y oposición estúpida
No lo descubro yo; es la realidad puesta en evidencia (Perfil ha sido víctima de las falsas disputas al ser discriminada con la pauta oficial), que cuando el debate en las cuestiones de Estado se tiñe de intereses personales y se esconde la leche, huele a corrupción; a presión o a mordaza, en el caso de la libertad de expresión.
El caso Ciccone no nos tomó por sorpresa, porque tenemos claramente asumido el papel y las responsabilidades del Estado y de sus gobernantes. La emisión de moneda es una responsabilidad estatal indelegable; una cuestión de soberanía, que en su manejo exige conductas claras y ejemplares. Pero sin ruidos y en puntas de pie, progresivamente en Argentina, la emisión se fue de la Casa de la Moneda para caer en fotocopiadoras como Ciccone Calcográfica (en manos de nadie, mejor dicho en un par de vivillos asociados en una offshore), en Boldt o en la impresora del Estado Federativo de Brasil. Para un gobierno que consideró estratégica a la pasta celulósica, la moneda o el billete no pueden valer dos mangos.
El 18 de abril pasado, en pleno agite por YPF, presentamos en el Senado de la Nación el proyecto de ley para que se declarase de “utilidad pública y sujeta a expropiación” a la Compañía de Valores Sudamericana. Agregábamos que siendo el Estado nacional el mayor acreedor de Ciccone Calcográfica, estimábamos que era razonable y justificado incorporarla al ámbito de la Casa de la Moneda Sociedad del Estado. Para ser precisos en la figura propuesta, manifestábamos que “la expropiación incluye la totalidad de los bienes físicos que la componen, las marcas de su propiedad y cualquier otro valor que sea parte de su patrimonio”.
En aquel momento Amado Boudou no era tan amado y recibía cachetazos de todos lados, en tanto que el Gobierno hacía de todo para preservarlo. Fue tan impúdico el blindaje al “vicemotoquero”, que la torpeza se llevó puesto a Esteban Righi, inmaculado camporista y hasta entonces letrado de confianza de Néstor, Cristina, Aníbal Fernández, De Vido y otros; al juez Rafecas, el mejor de los mejores, volteado en el tablero como un alfil negro, y al fiscal Rívolo, “El” fiscal hasta ese entonces.
En la oposición, los bobos y oportunistas, se frotaban sus manos pensando en hacer dulce con los errores que Boudou y su banda servían en bandeja. Surgieron propuestas de leyes expropiadoras como la de Pino Solanas (coherente siempre); la de la UCR, con Gil Lavedra a la cabeza; la del GEN y la de Romero, al igual que firmas de varios legisladores por doquier, siempre actuando y empujados por la pavorosa imagen marquetinera de “no quedar pegados con Ella”.
En el camino cayó el impresentable Reposo, tropiezo fiero para el oficialismo. Con iniciativa y sin titubear los de la Rosada cambiaron de idea y haciendo oficialista la expropiación trataron de ocultar lo inocultable.
La picardía kirchnerista desubicó a los opositores mezquinos, quienes no dudaron en dejar el barco para pasar al bote de la especulación. Nosotros ratificamos nuestra posición, convencidos de que la expropiación, aun cooptada por el oficialismo, mejoraba la situación existente y abría caminos a la investigación seria. Mi voto ratificó mis convicciones. No soy ingenuo ni suicida, siempre he sostenido la sana idea de votar desde mi banca con la calculadora apagada. El fanatismo y los dogmas son cosas del ejército y las sextas, no de la militancia política.
El fiscal Jorge Di Lello, a cinco meses de aflorado el escándalo, afirmaba que pasar la Ciccone a manos del Estado en nada entorpecía los cinco meses de investigación y los pasos del juez Ariel Lijo marchan firmes en igual sentido.
Valorando esto y la idea de que la Justicia debe pertenecer al Estado y no al gobierno de turno, y pese a la crítica demoníaca de algunos medios que nos quieren sacar de posición, nosotros seguimos parados en el medio. Apoyando lo que merece ser apoyado y echando abajo todo lo que merece ser cuestionado.
La impresión del papel moneda es un hecho soberano y en manos del Estado posibilitará que como senador de la Nación pueda valerme de informes de la Sigen y de la Auditoriía General de la Nación, involucrado en el esclarecimiento de un oscuro episodio cargado de mentiras, sobre el cual estamos obligados a llegar a la verdad, exigiéndole justicia a la Justicia, poder que no puede ni debe distraerse porque es el Congreso el que ha controlado al Ejecutivo.